Doctor Sergio Lavandero | 
                                 
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                          Por eso, señala, le llama poderosamente la atención el nivel de  desconocimiento que existe del posible traspaso de la Comisión Nacional de  Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt, desde el Ministerio de  Educación al de Economía. “Uno pensaría que todos estos cambios se hacen con la  comunidad científica. Si hay algo de lo que adolece Chile en varios temas  contingentes como son políticas de Estado, entre ellas la que se incluye la de  Ciencia y Tecnología”. 
                          ¿Cuál es su opinión al respecto?  
                           A priori no lo veo auspicioso, puesto que en el Ministerio  de Economía se manejan planes más inmediatos y con interés productivo, y áreas  del conocimiento como son las Ciencias Sociales o de inversión a largo plazo no  son, necesariamente, una prioridad económica. Y aunque reitero que no hay  información, esta discusión si nos sirve para analizar y discutir con  profundidad acerca de una política de investigación seria y evaluar el papel de  Conicyt en el sistema y su dependencia ya sea en el Ministerio de Educación o  uno exclusivamente dedicado a Ciencia e Innovación.  Estoy convencido que este proceso debe ser  participativo, permitiendo a los actores relevantes como universidades,  sociedades y academias científicas manifiesten su opinión. De lo contrario  cualquier iniciativa será transitoria y cambiable por el gobierno de turno.  
                          Falta plan orgánico de  desarrollo 
                                                      En el mismo ámbito de las políticas de fomento a la producción científica,  el Dr. Lavandero celebra el aumento que se ha producido en cuanto a los  recursos que se destinan a los fondos concursables, especialmente el concurso  regular Fondecyt. Sin embargo, dice, falta una política de largo aliento que  ordene y articule todo el sistema de ciencia y tecnología con coherencia.  “Existe la creencia que se puede desarrollar la innovación sin ciencia  básica.  Hay innumerables ejemplos que  muestran lo contrario; si hace 20 ó 30 años atrás no hubiéramos invertido en el  desarrollo de la biología molecular en nuestros centros universitarios y  formado las capacidades humanas especializadas, no sería posible hoy en día  realizar el diagnóstico del SIDA o hepatitis en el ser humano, de una serie de  patógenos en las áreas de la acuicultura y fruticultura, o los exámenes e  paternidad; no tendríamos fármacos o vacunas generadas por DNA recombinante o  biotecnología aplicada a procesos industriales,   por mencionar algunos ejemplos. Hoy requerimos invertir para el mañana;  en nuestro país debemos asumir desafíos de mayor envergadura para alcanzar  definitivamente el desarrollo y tener una sociedad más justa.  No hay magia ni atajos, se requiere del  trabajo duro y de plan de ciencia y tecnología armónico; pues no ganamos nada  con enviar jóvenes becados al extranjero si no hay planes que permitan su real  reinserción y se les ofrezcan puestos de trabajo, junto con ampliar nuestras  capacidades de equipamiento e infraestructura. En ese sentido, se echa de menos  el respaldo del Estado a sus universidades que le generan conocimiento avanzado  de frontera, les forman sus mejores profesionales y resuelven con imaginación  sus problemas complejos.   
                          ¿Parte de esa política de apoyo al  desarrollo científico tiene que considerar lo que se pueda hacer en el área de  los deberes y derechos de los pacientes? 
                                                      Este tema también se debe estudiar con especial atención, pues hay fundadas  sospechas que podrían entrabar la investigación y docencia clínica. No hay  dudas que debemos cautelar los derechos de los pacientes; pero se debe equilibrar  con el desarrollo de nuevo conocimiento. Sabemos que se está trabajando en el  reglamento de esta ley; sin embargo, y a similitud del caso de Conicyt, es  muy  importante que se consulte a los  actores relevantes como son nuestras universidades.  
                                                      Según explica el Dr. Lavandero, en la creación de este reglamento hay  situaciones específicas que requerirán de un profundo análisis, como son el  otorgamiento de los consentimientos informados en el caso de pacientes con  discapacidades, el acceso a fichas clínicas con fines docentes, la realización  de estudios epidemiológicos o clínicos retrospectivos, así como ensayos  clínicos, por mencionar algunos ejemplos.   
                          “En resumen, la resolución de estos dos problemas complejos, como son una  política de Estado en Ciencia y Tecnología y el reglamento de deberes y  derechos de los pacientes requieren convocar la participación de toda la comunidad científica”.  
                                                      Cecilia Valenzuela 
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