Así lo explica Angélica Bart, ex presidenta del Consejo de Estudiantes de la Salud que, en propiedad de tal condición, le tocó participar del Comité de Estudio de Morosidad de la Facultad de Medicina. Esta comisión fue creada a fines de 2008 a solicitud de la Dirección Académica del plantel, con el fin de analizar la materia desde una perspectiva mixta, pues está integrada por académicos, representantes de la Dirección Económica y de Gestión Institucional, DEGI, y del alumnado.
Angélica Bart, ex presidenta del CES, y Pablo Garay, actual líder de esta agrupación estudiantil. |
En la primera etapa de trabajo del comité, de un total de 300 estudiantes con una deuda superior a los 500 millones de pesos, se eligieron a 111, basándose en que no tuvieran ningún beneficio ni nunca lo hubieran solicitado y que, además, debieran sobre un millón de pesos, con fecha de corte en octubre de 2008. “De esas personas no sabíamos nada, salvo a qué escuela pertenecían”, explica la profesora Vilma Mejía, Directora de la Escuela de Enfermería e integrante de esta comisión.
Con un estricto criterio de confidencialidad, primero Medicina y luego las otras carreras de la salud, citaron por carta certificada a los estudiantes y sus responsables económicos, de manera que se reunieran con sus respectivos directores de escuela y con el señor Carlos Lazcano, Director Económico y de Gestión Institucional de la facultad. En esos encuentros, informa la profesora Mejía, los padres podían explicar las razones de su cesación de pagos arancelarios y, si correspondía por problemas de diversa índole, eran derivados al Servicio de Bienestar Estudiantil; si no, ellos podían también ofrecer diversas modalidades de repactación de la deuda.
“En eso fui extremadamente rigurosa”, añade Angélica Bart, “en no imponer desde la facultad un plan de pagos, sino que las familias propusieran su mejor alternativa”.
Angélica Bart dice que fue " extremadamente rigurosa en no imponer desde la facultad un plan de pagos, sino que las familias propusieran su mejor alternativa”. |
Socializar un cambio de actitud
De esta manera, ya hay cifras alentadoras: sólo en la Escuela de Medicina se han recobrado más de 145 millones de pesos.
Y es que, como sentencia la profesora Mejía, “los estudiantes y sus familiares se dieron cuenta, tomaron conciencia de la importancia de mantenerse al día con los aranceles. Si bien es cierto nuestra universidad pertenece al Estado, todos sabemos que no es posible que sea gratis; por ello, muchos padres internalizaron que para que sus hijos cuenten con buenas aulas, laboratorios y académicos, se deben hacer responsables frente a la facultad, y así lo hicieron”.
Entre las razones esgrimidas para su deuda, entre quienes pudiendo pagar no lo hacían, destacaba el que priorizaban el arancel de otro hijo en alguna universidad privada, pues sabían que a ése sí podían expulsarlo si no cancelaban su cuota. “ La Universidad de Chile, por su estatuto, no puede dejar fuera a un alumno porque no pueda pagar, no puede cobrar los pagarés por sí misma, por lo que apelar a la solidaridad y al cambio cultural es fundamental”, añade Angélica Bart.
Por ello, y para los casos que se mantuvieran en rebeldía, la comisión propondrá al Consejo de Escuelas diversas sanciones que se harían efectivas sólo mientras el estudiante no regularice su situación –“o sea, si es que no se acerca a la dirección de su escuela a ofrecer la forma de pago que más le acomode, o si es que no entrega los antecedentes respectivos a la asistente social”, explica Angélica-, y cesarán en cuanto este trámite se haya realizado. Por ejemplo, bloquear el acceso a Aula Digital o retrasar la apertura de expedientes para rendir examen de grado o de título, “lo que, además, tiene un fundamento. Si la persona paga después de obtener su título, esos fondos pasan a los servicios centrales de la universidad, los cuales cobran un impuesto muy alto antes de devolverlos a la facultad, por lo que acá llega muy poco. En cambio, retrasando la apertura de expedientes se le da mayor plazo al alumno para que regularice su situación y, de esa forma, esos recursos ingresan directamente a nuestra institución. Pero nuestros esfuerzos se dirigen a evitar llegar a estas sanciones.”, añade la joven.
- ¿Cómo socializaron la importancia de este cambio de actitud?
Profesora Vilma Mejía,
directora de la Escuela de Enfermería. |
Generamos una red de comunicación –con las lógicas limitaciones que tiene el que seamos 3700 alumnos-, con los centros de estudiantes, los delegados y en asambleas, explicando la situación, la cantidad de dinero de la que estamos hablando y las condiciones en que se ha abordado el tema al interior de la comisión. Pero, de todas maneras, entendemos que la deuda de la universidad no recae en los hombros de los estudiantes, porque está claro que ha habido problemas por concepto de administración, distribución interna y distribución nacional de los recursos.
Por eso es que la profesora Mejía señala que “los estudiantes han demostrado una actitud muy activa y positiva frente a esta situación. Quedó claro que no hay ningún ánimo punitivo, y las medidas tomadas han sido consensuadas con ellos. Así han podido ver la trascendencia de lo que nos pasa como facultad. Pero también está claro que nuestros alumnos ingresan por su vocación y su conciencia social, y esa toma de razón ha sido importante, reflejándose en las progresivas recuperaciones de recursos que se han logrado”.
Cecilia Valenzuela
Integrantes del Comité de Estudio de Morosidad
- Profesora Hilda Bonilla, directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura.
- Profesora Vilma Mejía, directora de la Escuela de Enfermería.
- Pablo Garay, presidente del CES (reemplaza a Angélica Bart)
- Victoria Tigre, coordinadora del Servicio de Bienestar Estudiantil.
- Exequiel Jiménez: subdirector de Gestión Académica.
- Cristián Nabalón, subdirector de Servicios de la DEGI.
- Carlos Lazcano, director de DEGI.
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