Prof. Teresa Boj Directora Escuela de Nutrición Facultad de Medicina Universidad de Chile
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Jamás una denominación popular había sido tan exacta. El nombre de “Ley Super 8” puede jactarse de ser matemáticamente preciso, porque con la propuesta de Reglamento para la Ley de Rotulado y Publicidad de Alimentos recientemente firmada por el propio Ministro de Salud, sólo esta golosina ya no podrá venderse en los kioscos de los establecimientos educacionales, pues es una de las poquísimas que supera por sólo 3 calorías el límite impuesto por esta cartera para los productos farináceos envasados: 100 gramos tendrían 503 calorías, cuando el máximo permitido es de 500. Pero, en contraste, casi ninguna bebida gaseosa será alta en azúcar, ni tampoco ningún cereal para el desayuno, ni las clásicas tritón tampoco superarán el rango calórico demarcatorio. El “Super 8” será el chivo expiatorio.
Este reglamento fue la mejor lápida que el Ministerio de Salud pudo poner a una ley pionera en América Latina. Porque con los límites extremadamente amplios que puso para nutrientes críticos como azúcares totales, grasas saturadas y sodio por cada 100 gramos, además de las calorías, casi ningún producto envasado superará esa norma que, más aún, tiene un plazo progresivo para su implementación que la dejará vigente en un año más, es decir, durante el próximo gobierno. Sería como que el reglamento del tránsito considerara exceso de velocidad sólo los 300 kilómetros por hora: casi nadie recibiría una una multa porque pocos autos llegan a esa velocidad.
Ni parlamentarios ni expertos del área nutricional esperábamos un resultado como éste. Si bien distintos grupos académicos teníamos diferentes perspectivas y propuestas para la base de este reglamento, la verdad es que ninguno fue tomado en cuenta, ni siquiera las recomendaciones internacionales al respecto. De esta forma, el Ministerio de Salud creó esta normativa no sólo entre cuatro paredes, excluyendo a su propio Departamento de Alimentos y Nutrición, sino que con la clara intencionalidad de perjudicar lo menos posible a la industria de alimentos procesados. En base a ella, sólo poquísimos productos deberán lucir la señalética de “Alto en” y, por lo mismo, sólo esos no podrán venderse al interior de los establecimientos educacionales, lo que contraviene nuestros planteamientos originales que apuntaban tanto a que las familias pudieran comprar sus alimentos en base a decisiones correctamente informadas, como a sacar de los colegios los productos altos en nutrientes críticos, o derechamente chatarra.
Por esto, reuniremos la mayor cantidad de firmas posibles, de manera de dar a conocer a las autoridades ministeriales que esta reglamentación nos parece inaceptable. ¿Cómo es posible que un Estado soberano no pueda tomar decisiones que resguarden la salud de su población? ¿Cómo pueden los ciudadanos elegir vivir sano si no cuentan con la información adecuada para tomar esa decisión?
Prof. Teresa Boj
Directora Escuela de Nutrición
Facultad de Medicina
Universidad de Chile |
