Profesora Ingrid Leal, del Cemera |
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Desde hace más de 30 años, el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, Cemera, ofrece cobertura asistencial en esta materia a los y las jóvenes que lo requieran. En base a esa extensa experiencia “y a las vivencias que recogemos de cada uno de nuestros pacientes, nos hemos quedado con la sensación de que sus necesidades no son resueltas a nivel de atención primaria en sus comunas, lo cual pensamos que tendría que ver con dudas e inquietudes surgidas en el equipo profesional a partir de las normativas y reglamentos legales vigentes en cuanto a salud sexual y reproductiva”, explica la matrona Leal.
De allí, añade, “surgió la necesidad de saber los alcances de esta percepción y, como equipo, nos planteamos preguntas tales como ¿cuáles son los conocimientos legales y normativos de los proveedores de salud en atención primaria? y ¿cuáles son sus prácticas en cuanto a la prevención del embarazo adolescente y, en particular, entre las menores de 14 años?. Esto, porque diferentes artículos de las reglamentaciones vigentes pueden ser contradictorios o susceptibles de diferentes interpretaciones, lo cual pudiera crear una barrera en el acceso de la juventud a los servicios de prevención del embarazo, especialmente”.
Por ejemplo, explica la profesora Leal que la ley 20.418, referida a la regulación de la fertilidad, señala que todas las personas tienen derecho a la confidencialidad, a la atención oportuna y a la información apropiada para la toma de decisión respecto de algún método anticonceptivo; “pero también aclara que en menores de 14 años, específicamente en el caso de la píldora de emergencia, después de entregarla el profesional de salud debe informar al adulto que el adolescente indique, lo cual podría en algunos casos crear una barrera al acceso o, en el peor de los casos, la negación de la atención. Por otra parte, otras leyes del Código Penal se refieren al abuso sexual, acotando que cualquier acceso carnal –con o sin consentimiento- a un menor de 14 años será considerado violación; su propósito es proteger a los adolescentes de posibles abusos, pero también es cierto que los y las jóvenes inician su vida sexual cada vez más precozmente: alrededor de un 15% de menores de 15 años refieren haber iniciado actividad sexual, consentida, con otro adolescente, la cual muchas veces no es protegida tanto para embarazo no deseado como para infecciones de transmisión sexual”.
Entonces, la docente agrega que “ocurre que estas adolescentes acuden a sus consultorios a buscar algún tipo de método para prevenir el embarazo, pero se encuentran con proveedores de salud que muchas veces sienten de cierta forma que la atención de este segmento etario tiene un contexto médico legal muy fuerte, lo que podría conllevar situaciones complejas y por eso se les dificulta su atención”.
Qué saben, qué hacen, qué piensan
Para dar respuesta a estas inquietudes, el equipo de investigadores del Cemera –compuesto por las sicólogas Carolina Leyton y Carolina Lüttges; la doctora Paulina Troncoso, ginecoobstetra, y el bioestadistico Temístocles Molina-, diseñó un estudio cualitativo dirigido a matronas de la atención primaria y a directores de centros de salud, que aplicarán en aproximadamente una docena de consultorios pertenecientes a los servicios de salud metropolitanos norte y sur oriente, “que son las áreas de Santiago que tienen las tasas más altas de embarazo adolescente”, explica la docente.
A estos profesionales, aplicarán de manera confidencial y anónima una entrevista semiestructurada con preguntas organizadas en tres aspectos fundamentales: determinar qué saben o conocen respecto de la normativa legal vigente; qué es lo que hacen y cómo lo hacen en el ámbito asistencial para la atención de adolescentes y, por último, qué opinan y qué creen respecto del tema, “porque muchas veces la atención de jóvenes, en particular respecto de la salud sexual y reproductiva, está cargada de creencias personales”.
Con los resultados de este estudio, los investigadores pretenden “contribuir con evidencia para relevar este problema, e invitar a actores relevantes de los sectores de salud y de política a visibilizar y estudiar cómo aclarar ciertos conceptos y cómo capacitar a los proveedores de atención primaria. Y demostrar que una ley un reglamento, si no se genera recogiendo contribuciones desde todas las áreas, puede repercutir negativamente en la salud de nuestra población”.
Cecilia Valenzuela León
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