Dr. Giorgio Solimano
Director Escuela de Salud Pública |
Hace unos meses, cuando un dictamen de la Contraloría restringió la entrega del medicamento a través de municipios y ONG, surgieron voces que, con toda razón, criticamos –entre otros aspectos- las inequidades sociales que dicho fallo generaba. Al prohibir la distribución de la píldora en los consultorios y en entidades que tuviesen convenios con el Sistema Nacional de Servicios de Salud, se ponía automáticamente una barrera a las mujeres más pobres -que son, precisamente, las usuarias del sistema público-, mientras que aquéllas con mayor poder adquisitivo la podrían comprar fácilmente en las farmacias. Ello, en el entendido de que éstas lo tendrían disponible.
Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días es una dura demostración de cómo el daño provocado por la falta de una legislación apropiada puede afectar a personas de todas las clases sociales. En este caso, la víctima principal es una niña de apenas 14 años, que ha sido doblemente violentada: primero por un depravado, que marcó su vida para siempre, y después por el sistema, que no le permitió acceder en forma rápida al método de anticoncepción más indicado en estas circunstancias. Adicionalmente, hay que decir que la víctima no es sólo la niña, sino también su familia y su entorno más cercano, y que su situación claramente no constituye un caso aislado en nuestro país.
Más allá de los argumentos científicos, religiosos, morales y políticos que han caracterizado el debate, cabe preguntarse por qué la “píldora del día después” no está en las farmacias, si ni el fallo del Tribunal Constitucional del año 2007 ni el dictamen de la Contraloría de junio de 2009 se refieren a ellas. Recordemos que lo que el TC puso en tela de juicio fue el espíritu de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, no el fármaco en sí.
Por otra parte, existen normas legales según las cuales las farmacias estarían obligadas a vender este medicamento; es en virtud de estas disposiciones que la ministra Tohá anunció el inicio de un nuevo proceso de fiscalización, tarea que compete a la autoridad sanitaria en todas las regiones del país. ¿Estaremos acaso frente a un nuevo acto de colusión de las cadenas farmacéuticas, las que por iniciativa propia ahora se niegan a expender un producto? Y si fuera así ¿Cuál sería el fundamento para negar arbitrariamente a una mujer la posibilidad de evitar un embarazo no deseado, máxime si éste es producto de una violación?
Chile es un país en transición epidemiológica y demográfica avanzada, con indicadores de salud similares a los de países desarrollados. No obstante, los abortos y la maternidad precoz siguen figurando entre los problemas más acuciantes de salud pública. Si vamos a los orígenes de esta contradicción, podemos concluir que padecemos de una falta de decisión para enfrentar a los sectores que pretenden imponer una concepción particular del mundo y de la sexualidad al resto de la población. Sumemos a ello la limitada información que la gente recibe de los profesionales de la salud -con mucha frecuencia influida por sus creencias y convicciones personales- y el débil control sobre quienes debieran contribuir a proteger garantías ciudadanas.
Es hora de que, aún con las limitaciones existentes, se hagan efectivas políticas públicas tendientes a convertirnos en un país verdaderamente desarrollado en materia de salud y de respeto a los derechos de las personas.
Dr. Giorgio Solimano
Director Escuela de Salud Pública |
