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Nº 100 - 15 de julio de 2009
“Hay que legislar sobre la ciencia, no sobre conjeturas”
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PULSACIÓN SEMANAL
 
 

Especialista calificÓ de “comentaristas” a quienes argumentan que píldora de emergencia es abortiva
“Hay que legislar sobre la ciencia, no sobre conjeturas”

  • Una férrea defensa del proyecto de ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad hizo el doctor Ramiro Molina, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en la presentación que hizo ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

El doctor Ramiro Molina hizo una férrea defensa de los avances producidos en el país por los programas de planificación familiar vigentes desde 1964.

Esta Comisión citó a cuatro académicos nacionales para abordar la materia, pese a lo cual el doctor Molina señala que la discusión se centró en el posible efecto abortivo de la píldora de emergencia. Así, el doctor Patricio Ventura Juncá, neonatólogo y director del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile se refirió a una serie de estudios anteriores al año 2004 que señalan que el levonorgestrel tendría efectos en el tejido del endometrio, afectando la implantación. Luego, el doctor Horacio Croxatto, del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva dio a conocer un estudio realizado en Australia sobre 99 mujeres, en el que demostraron que el LGE no tiene efecto post ovulatorio, por lo que no es abortivo, así como uno propio, realizado en el país y con el apoyo de Fondecyt, sobre una muestra de 386 mujeres que solicitaron la píldora de emergencia, obteniendo los mismos resultados. Posteriormente, el doctor Sebastián Illanes, de la Universidad de Los Andes, quien rechazó los estudios en animales, por considerar no pertinente aplicar sus conclusiones en humanos, e hizo un detallado análisis de las diferencias estadísticas, sentenciando que no se aclaran las dudas fehacientemente.

“Cuando fue mi turno, partí diciendo que la píldora de emergencia no acabará con los abortos ni con el embarazo adolescente ni con el no deseado, en cambio sí lo harán las políticas adecuadas. Por eso, recordé que Chile inició programas de planificación familiar en 1964, cuatro años después de que se inventaran los anticonceptivos y cuatro antes de que firmara, como país, la declaración de la ONU de 1968, en el que se señaló que esta opción es un derecho humano. Por eso tenemos 55 años de experiencia en el tema, sin que mediara una ley”, explicó el doctor Molina.

Argumentos científicos artículo por artículo

Por ello, argumentó a favor de cada uno de los tres artículos de este proyecto. Para el primero dio a conocer estudios chilenos que demuestran que los sectores socioeconómicos de mayores recursos inician más tardíamente su vida sexual, porque acceden a una formación en el tema en sus hogares y colegios, además de otros factores y, cuando lo hacen, es luego de recibir atención médica privada, por lo que usan métodos anticonceptivos. “O sea, este proyecto de ley apunta a igualar el derecho a recibir educación sexual”, informa. Debe garantizarse a su juicio el derecho a recibir información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, abarcando todas las alternativas eficaces para decidir sobre el método a utilizar para prevenir embarazo precoz y enfermedades de trasmisión sexual.

Las cifras son lapidarias: diferentes análisis de investigaciones nacionales arrojan que el número de hombres y mujeres pertenecientes a los grupos socioeconómicos C3, D y E que inician su vida sexual entre los 10 y 19 años bordea las 730.000 personas, “y esa es una actitud instalada, que no cambiará con negociaciones políticas referidas a la entrega de métodos de planificación familiar con consentimiento paterno”, agrega.

Respecto del segundo artículo, que aborda el derecho de todas las personas a elegir libremente los métodos de regulación de fertilidad y a acceder a ellos, el doctor Molina señala que según investigaciones del 2007, más de cinco millones de personas en Chile –de ambos sexos- usan alguno de estos métodos, “y eso no se cambia por ley”.

Y en cuanto al tercer artículo, que plantea la obligación de los organismos del Estado de poner a disposición de las personas todos los anticonceptivos, “si hay personas que piensan que el LGE es abortivo y, por tanto, atenta contra su conciencia, no lo usen, pero no obliguen al resto de la población a hacer lo mismo. De hecho, esta sustancia está presente en 18 tipos de píldoras anticonceptivas, con las cuales se puede dar en caso de emergencia el método de yuzpe, por lo que es incontrolable. O sea, lo que prohibió el Tribunal Constitucional porque hay dudas razonables es imposible de fiscalizar”.

La edad no se negocia

Para el Dr. Molina es indispensable no sólo dar prioridad en la atención de salud a los jóvenes, en consultorios especializados para ello, sino que mantener el acceso libre a anticonceptivos, sin receta retenida y sin mediar el consentimiento parental. “Espero que la edad para poder acceder a métodos de planificación familiar no sea la carta de negociación para que salga esta ley, que se discutirá en la Cámara de Diputados el 15 de julio. Si es así, si se pone esta traba, se nos dispararán los embarazos adolescentes, los abortos, la morbimortalidad materno infantil e incluso el mercado negro de estos medicamentos. ¿Qué va a ser de esos 730.000 jóvenes, de los cuales un volumen importante proviene de familias disfuncionales, por lo que no podrá “pedir permiso” para usar anticonceptivos? Sería mejor que nos quedáramos sin la legislación”, comenta el experto.

Un último “regalo”, dice. Entregó a la Comisión de Salud estudios que demuestran y que desmienten –por tanto establecen una duda razonable- que los métodos de abstinencia periódica aumentan la frecuencia de fecundaciones con células germinales envejecidas, lo que aumenta los abortos causados por malformaciones congénitas y la posibilidad de la aneupoidía, es decir un cambio en el número de cromosomas que da pie a diferentes enfermedades, como el síndrome de Down. “¿Por esta duda razonable el Tribunal Constitucional tendría que legislar al respecto?”, se pregunta irónicamente el doctor Molina.

Cecilia Valenzuela