Doctor Alejandro Afani |
Los miembros del Comité de Sida de la Sociedad Chilena de Infectología, que preside el doctor Alejandro Afani –integrante del comité asesor del Ministerio de Salud (Conasida) y director académico de la Facultad de Medicina- definieron los recientes hechos acaecidos en el Hospital de Iquique como una oportunidad para revisar la Ley 19.779, que establece normas relativas al virus de la inmunodeficiencia humana, VIH.
Así lo manifiestan en una declaración pública emitida el 21 de octubre de 2008, en la que señalan que “la discusión actual nos da la oportunidad para revisar esta ley y, eventualmente, proponer modificaciones que hagan más expeditos estos trámites –consejería, consentimiento informado y test diagnóstico- sin perder de vista en ningún momento el fin de esta última, que es el resguardo de la confidencialidad de las personas”.
En opinión del doctor Afani, este derecho establecido por ley debe seguir siendo consagrado, pero se deben tomar todas las medidas posibles para que los pacientes que hayan arrojado resultados positivos en su examen diagnóstico sean informados según los procedimientos establecidos.
Las normas estipulan que un médico puede solicitar este test a un paciente luego de ofrecerle consejería al respecto, y frente al cual debe dar un consentimiento informado y por escrito. La muestra, al ser tomada por el laboratorio local, es rotulada con un código único, irrepetible e inidentificable, y en caso de ser positiva no se informa de inmediato, sino que debe ser enviada al Instituto de Salud Pública para su confirmación con técnicas complementarias. Luego, de ser ratificado el primer diagnóstico, el laboratorio local solicita al paciente una segunda muestra para revalidación de identidad, proceso que una vez finalizado es dado a conocer al médico solicitante, quien debe contactarse con la persona para darle los resultados verbalmente y por escrito, así como ofrecerle nueva consejería y derivarla a la atención de salud correspondiente.
Mejorar campañas informativas
Las falencias en el proceso de notificación, explica el doctor Afani, pueden ser atribuibles a que en ocasiones los pacientes no entregan datos veraces respecto de su dirección o teléfono, por temor a los resultados. “Y es muy importante que los reciban, más aún puesto que en Chile está asegurado el acceso ampliado a la terapia antirretroviral, tanto en el sistema público como en el privado de salud. Este tratamiento les asegura mejores expectativas de vida, ahora ésta es una enfermedad crónica como cualquier otra, dejó de ser mortal hace muchos años. El tratamiento en la actualidad logra una reducción de la carga viral del paciente, lo que disminuye la probabilidad de contagio, mejora la sobrevida, la calidad de vida, y los pacientes pueden continuar con sus actividades normalmente por muchísimos años”.
Por eso, añade, es tan importante también la consejería previa al examen: “Ayuda a que las personas desmitifiquen el tema, disminuyan sus angustias y miedos, y sepan a lo que se van a enfrentar si es que el resultado del test les sale positivo”.
¿Qué modificaciones habría que hacer a la ley, en opinión del Comité de Sida?
La legislación actual no fue consultada en su momento a los médicos especialistas en VIH, sino que fue consensuada entre el Ministerio de Salud, las autoridades políticas y las agrupaciones de personas viviendo con el VIH. Y consideramos que limita severamente las posibilidades de acción de los médicos y equipos de salud, tanto en la solicitud del examen como en la entrega de los resultados porque para proteger la confidencialidad del paciente, impide la búsqueda activa del individuo en caso de que no sea ubicable con los datos que entrega voluntariamente. Creemos que se deberían revisar muchos aspectos; por ejemplo, el examen en el caso de la embarazada, por dos motivos: porque si una gestante es portadora del VIH, con el tratamiento adecuado la posibilidad de contagiar al niño por nacer baja de un 30% a un 2%; y, además, porque está en riesgo la salud de una segunda persona. Hay otras condiciones que no son igualmente obligatorias, como es el caso de las violaciones o accidentes cortopunzantes, y que habría que revisar. También se debería reestudiar el procedimiento que debe seguir la muestra, encontrar métodos que lo aceleren, de manera de evitar la importante latencia que sufre ahora en su confirmación centralizada en el ISP. Y, por último, deberían mejorar sustantivamente las campañas informativas, para que este tema se aborde con naturalidad en todas las instancias, que la gente conozca los métodos de trasmisión de esta enfermedad, las formas de prevención, y para fomentar que las personas se hagan este examen, porque cualquiera puede estar infectado: en la actualidad más del 85% de los pacientes tiene entre 20 y 49 años, sean hombres o mujeres, y más del 90% de los casos contrae la infección por contacto sexual en nuestro país”.
Cecilia Valenzuela |
