Nº 327 - 24 de marzo de 2015

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Medicina para hacer justicia

  • Pese a la relevancia de la disciplina en el ejercicio diario de la profesión, Medicina Legal no es evaluada en el EUNACOM, no existe como departamento salvo en la Universidad de Chile y la formación de especialistas no cuenta con financiamiento estatal pese a que son indispensables para  administrar justicia en el día a día. El déficit nacional de personal calificado explicaría el porqué, a reciente solicitud del gobierno, debió reactivarse el funcionamiento de salas de acogida especiales para víctimas de agresión sexual en los hospitales públicos; pese a que ya existían, muchas de ellas se convirtieron en bodegas al no contar con la dotación profesional idónea para brindar esta atención. 

Doctora Carmen Cerda

Completando este descarnado diagnóstico, la directora (s) del Departamento de Medicina Legal, doctora Carmen Cerda Aguilar, agrega aún más antecedentes: sólo 14 de los 27 médicos reconocidos actualmente por CONACEM han cursado la especialidad; de los demás, algunos fueron certificados luego de rendir examen ante la  comisión  respectiva, y otros fueron asimilados por el Ministerio de Salud luego de demostrar haber trabajado como tales. “Esto último es súper irregular, porque los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios, no están respaldados por ningún tipo de evaluación, pero parece que a nadie le importa. El Servicio Médico Legal es un campo clínico, no un ente formador”.

“Nadie puede hacer buena medicina si está preso”

Más allá de certificar defunciones, y mucho más allá de la realización de autopsias –“ahora no es necesario que los estudiantes sepan hacerlas:  los casos de muertes sospechosas o violentas, son derivados en regiones al Servicio Médico Legal, con presencia en todo el país”, dice la académica-, los médicos deben tener conocimientos sólidos al momento de egresar, pues son múltiples las situaciones en las que tendrán que estar interiorizados de los marcos regulatorios que están en la base de sus procedimientos. “Al confeccionar una ficha clínica, los alumnos tienen que saber que esa es una herramienta legal que debe estar completa, ordenada, y en ella deben constar todas las atenciones y procedimientos que se le han realizado a un paciente. Su contenido puede culparlos o exonerarlos ante un juicio por negligencia”, explica la doctora Cerda. “Por eso es que siempre le digo a los estudiantes que nadie puede hacer buena medicina si está preso”.

Y de ahí en adelante: la correcta identificación de agentes causales de lesiones, certificación de muerte, la sospecha de violencia por parte de terceros y su pertinente denuncia o, incluso, procedimientos al parecer más sencillos como el llenado de una licencia –entre muchas otras situaciones-, permitirán no sólo una correcta atención del paciente o la identificación de causales de morbi-mortalidad, sino incluso simplificar trámites que pueden resultar engorrosos o incluso lesivos para el enfermo y para el sistema de salud. “Pero lo fundamental que está en juego es el respeto a los derechos de las personas, tanto a una adecuada atención como a que, en caso de ser necesario, reciban justicia: en ello consiste el respeto a los derechos humanos”, sentencia la doctora Cerda.

Por eso es que se declara consternada de que no existan preguntas sobre esta materia en el Examen Único de Conocimientos en Medicina, EUNACOM; que en muchas universidades ni siquiera la tengan como asignatura formal y, menos, como departamento académico para la docencia de pre y postgrado, la investigación y la extensión. “Este es el único en el país” declara, entre orgullosa y triste.

Problema país

La docente no sólo es la primera mujer especialista en asumir la dirección del Departamento de Medicina Legal; es también una de las pocas formadas gracias a las becas mixtas que, con el objetivo puesto en la docencia, ofreció décadas atrás la Universidad de Chile. “De esta forma, los residentes podían formarse en Medicina Legal y en otra especialidad de su interés. Lo malo es que pocos se quedaron en nuestra área”, explica la académica.


"Lo fundamental que está en juego es el respeto a los derechos de las personas, tanto a una adecuada atención como a que, en caso de ser necesario, reciban justicia: en ello consiste el respeto a los derechos humanos”.

Esos pocos –menos de una docena hasta 1995, cuando el doctor Alberto Teke reactivó un programa de formación de especialistas- se distribuyeron por el país y  uno que otro se quedó, efectivamente, como docente de pre y postgrado en nuestro plantel. “Desde que me hice cargo del programa de formación de especialistas, hay 10 egresados que han dado su examen de Especialidad, y el próximo mes finalizan dos más”, informa la doctora Cerda.

¿A qué atribuye la falta de motivación de los médicos en esta especialidad?

A que como trabajamos para el Ministerio de Justicia, el de Salud no tiene interés en financiar estas residencias. Tendrían que darse cuenta de que este es un problema país. Y en Justicia no nos tienen en la mira, no comprenden la relevancia de la contribución que hacemos. De hecho, los abogados no tienen clases de medicina legal como asignatura obligatoria.

Una relevancia creciente, añade la académica, si se piensa que la presencia de peritos es indispensable en la actual Reforma Procesal Penal, “y lo será más aún cuando se haga la Reforma Procesal Civil, y los particulares necesiten de expertos para demostrar o denegar un daño o perjuicio. ¿Y de dónde van a salir, si no los formamos nosotros?”

La disciplina cuenta con un programa de formación de especialistas primario –en permanente actualización tecnológica y legal-, así como pasantías para los programas de medicina de urgencias y de ginecología pediátrica y del adolescente. “Pero todas las especialidades debieran contar con rotaciones por acá, pues cada una de ellas tiene ámbitos en los que debe contar con estos conocimientos; los neurólogos, por ejemplo, saber respecto de la identificación de agentes tóxicos o hacer declaraciones de invalidez. Pasa lo mismo con los traumatólogos y las causas de lesiones con su correspondiente informe, o cualquier otro especialista que deba tener los conocimientos para demostrar delitos involucrados que deban probar, entre muchas otras cosas. Todos los médicos clínicos tienen que saber medicina legal y eso es lo que deberemos gestionar con la Escuela de Postgrado”, afirma la doctora.

Es con esa mirada país que finaliza contando parte de sus proyectos a mediano plazo, como el establecimiento de un Centro Clínico de Intoxicaciones en el hospital institucional; la preparación de un libro que revise antiguos casos policiales desde la perspectiva médico legal y, en lo más inmediato, su colaboración en una revisión orientada a la protección de los derechos de los niños, en conjunto con el Servicio Nacional de Menores. “Tenemos una gran proyección, y en múltiples áreas”.

Cecilia Valenzuela León

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