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Nº 171 - 28 de marzo de 2011

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Proyecto “dificulta el camino hacia los cambios de fondo que requiere el país”, dijo
Director de la Escuela de Salud Pública
expuso ante bancadas parlamentarias

  • El doctor Oscar Arteaga fue invitado por representantes del PS y PPD a dar su visión técnica y académica sobre la llamada “ley corta de Isapres 2”. En su opinión, el proyecto del Ejecutivo no resuelve los problemas de fondo de la seguridad social en salud.

Doctor Oscar Arteaga

Un exhaustivo análisis de la llamada “Ley corta de Isapres” hizo el director de la Escuela de Salud Pública de nuestra Facultad, doctor Oscar Arteaga, ante las bancadas de diputados del Partido Socialista y el PPD. El académico fue invitado por los parlamentarios, con el fin de tener una visión técnica y académica sobre el proyecto de ley recientemente enviado por el Ejecutivo al Congreso, que busca atenuar la tabla de factores de riesgo con la que se calculan los precios de los planes de salud.

En la reunión realizada en Valparaíso, el doctor Arteaga se refirió a los aspectos conceptuales del sistema de seguros privados y del esquema de seguridad social, así como a los orígenes, propósitos y limitaciones de cada uno. Respecto de la iniciativa legal, sostuvo que ésta no introduce cambios relevantes para avanzar en el fortalecimiento de la seguridad social en salud.

El director de la Escuela de Salud Pública explicó que, si bien el aplanamiento de los coeficientes de riesgo de acuerdo a edad y sexo puede aparecer como atractivo, puede retrasar -y eventualmente reemplazar- soluciones estructurales que se necesitan de manera urgente. “Por ejemplo, el proyecto no resuelve la principal anomalía del sistema de salud chileno desde la perspectiva de la seguridad social, que es la vinculación entre riesgo individual y contribución”, agregó.

En opinión del especialista, la introducción de criterios de razonabilidad y solidaridad a las  tablas de factores y a la determinación del precio  base de los contratos de  salud no cambia la naturaleza de las Isapres ni ayuda a resolver la pregunta de si estas entidades son o no parte de la seguridad social. A su juicio,  “lo son para la captación de la cotización obligatoria de afiliados obligados a cotizar, pero ellas se miran a sí mismas como seguros privados que se mueven en el mercado”.

Mantener el statu quo

Por otra parte, expresó que la discriminación por sexo o edad de los afiliados es incompatible con una concepción de seguridad social y que, dentro de su propia lógica, el proyecto tiene deficiencias respecto de la sustentabilidad financiera del arreglo propuesto. “Los actuales beneficiarios de Isapres –sostuvo- podrán optar entre la tabla actual que rige sus contratos, basada en coeficientes ajustados a sus riesgos individuales,  y la nueva tabla que distribuye riesgos entre afiliados. Los de bajos riesgos optarán por quedarse con tabla actual, porque pagan menos”.

Desde la perspectiva de las políticas públicas de salud, el académico dijo que la evidencia indica que cambios marginales tienden a mantener el statu quo, como ha quedado demostrado en proyectos anteriores, entre los que mencionó el de la ley del excedente y el del fondo compensatorio  entre Isapres para la implementación del GES. Por lo tanto, “el proyecto no facilita, sino que dificulta el camino hacia los cambios de fondo que requiere el país para fortalecer la seguridad social en salud”, precisó, puntualizando que “es preferible la situación sin proyecto que con él”.

Finalmente, el director de la Escuela de Salud Pública manifestó su disposición y la de los académicos de esa unidad, a aportar con conocimientos técnicos y evidencia científica a las discusiones sobre los grandes temas que inciden en la salud y calidad de vida de la población. En este sentido, enfatizó que su unidad tiene las puertas abiertas a todos los sectores de la sociedad que requieran de una opinión especializada.

Daniela Araneda