Esta presentación es fruto de la labor realizada por el directorio que integran representantes de ASOFAMECH, el Colegio Médico de Chile, el propio ministerio y la Facultad de Medicina, el cual desde comienzos de 2010 se encuentra elaborando posibles soluciones que contribuyan a la toma de decisiones que disminuyan este déficit de especialistas en los servicios públicos de salud.
La doctora Sepúlveda destacó que entre los desafíos para aumentar la capacidad formadora en las universidades, se encuentra el incrementar el número de cupos financiados y la capacidad docente, así como el proceso de acreditación de los programas, los campos clínicos cada vez más limitados y el impacto que tendrá la concesión de los hospitales. |
De esta manera, la doctora Sepúlveda partió su exposición señalando que en nuestro país hay 1,8 médicos por cada mil habitantes, titulándose más de 1000 al año. Actualmente, de casi 30.000 médicos que existen en todo el país, 13.308 cuentan con contrato en el sector público, de los cuales casi el 60% se encuentra en la Región Metropolitana. Así, si en la zona central hay un médico por cada 471 habitantes, en la zona sur esta cifra es de 1 por cada 851 habitantes, y en el norte es de uno por cada 837.
Según informó, las especialidades más deficitarias en horas son las de anestesiología, traumatología y ortopedia, psiquiatría de adultos, infantil y adolescente, y medicina interna; situación que se agrava al analizar que la tasa de médicos se ha estancado producto del crecimiento del número de población que se atiende por Fonasa, superior al poblacional.
Esta brecha, añadió, no pudo ser cerrada pese a los esfuerzos gubernamentales hechos en el año 2009 con el programa de contratación de 500 especialistas para el sector público, siendo cirugía general la única especialidad que pudo cubrir sus necesidades en materia de recursos humanos.
Luego, se refirió a la creciente evolución del presupuestos de los programas de formación de especialidades para médicos y dentistas, y la evolución de los cupos ofertados por especialidad, incluyendo el Programa de Formación de Especialistas Básicos para la Atención Primaria, todos los cuales se ofrecen mayoritariamente en la Universidad de Chile, un 47,1%.
Política formativa, financiera y de recursos humanos
Dicho esto, se abocó a definir la propuesta establecida por el grupo de trabajo, el cual establece la necesidad de un plan nacional de formación de especialistas que sea una política de Estado, regulada según las necesidades del país, que establezca incentivos a las especialidades en falencia, que aumente el financiamiento otorgado a las facultades por cada estudiante formado, así como becas costeadas por el Estado, su apoyo para aumentar la capacidad formadora en las universidades y en las relaciones con los campos clínicos. Este plan nacional debe estar aparejado con una política en materia de recursos humanos, que atraiga y mantenga a los especialistas en el sistema público, con incentivos monetarios y funcionarios en las especialidades en falencia.
La doctora Sepúlveda explicó que hizo énfasis en la necesidad de contar con una política de Estado para superar el déficit de especialistas en el sistema público de salud. |
Por ello, la doctora Sepúlveda destacó que entre los desafíos para aumentar la capacidad formadora en las universidades, se encuentra el incrementar el número de cupos financiados y la capacidad docente, así como el proceso de acreditación de los programas, los campos clínicos cada vez más limitados y el impacto que tendrá la concesión de los hospitales.
Respecto de los costos aparejados a la formación de nuevos especialistas, detalló los directos –supervisión clínica, docencia lectiva, seguro accidentes, servicios, administración y otros- y los indirectos, como podría ser la formación de los docentes universitarios o los insumos en los centros asistenciales, alcanzando un valor cercano a los 4,5 millones de pesos anuales. A ello, añadió la posibilidad de pagar un estipendio mensual al especialista en formación, debido a su trabajo en el centro asistencial, señalando que en la experiencia internacional, este pago es asumido por el prestador de servicios médicos o el Estado.
La doctora Sepúlveda explicó que la comisión de expertos del Minsal acogió con mucho interés la propuesta y que “sus preguntas se dirigieron al tema de los campos clínicos; por eso, les expliqué todas las dificultades generadas por la ausencia de una adecuada regulación. Además, me consultaron por el perfil del médico que el país requiere y les hablé del perfil de egreso que tiene nuestra facultad y como, periódicamente, se va ajustando según los cambios epidemiológicos y demográficos del país, así como por los avances de la medicina”
Cecilia Valenzuela |
