En relación con el recurso de inconstitucionalidad de las normas de regulación de la fertilidad presentado por un grupo de parlamentarios, y al reciente fallo del tribunal constitucional, que restringe los derechos de la población sobre estas materias, los académicos de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile abajo firmantes, manifiestan:
Igualdad ante la ley :
La decisión del Tribunal Constitucional vulnera la igualdad de derechos al declarar ilegal la entrega de la píldora de levonorgestrel, privilegiando así al grupo que se opone al uso de la misma y desconociendo los derechos del grupo que concuerda con la política vigente. La no igualdad de derechos es anti-constitucional.
Equidad: Considerando la equidad como igualdad de acceso de acuerdo a las necesidades, el fallo, según lo informado por el Tribunal Constitucional en su comunicado del 4 de Abril de 2008, viola este principio al declarar ilícita la distribución pública. Esto afectará a la población de menores recursos, usuaria del sistema público, que no tendrá acceso a los mismos servicios que el resto de la población.
Valoración de la evidencia científica: La evidencia científica disponible no demuestra un efecto del levonorgestrel diferente al del Dispositivo Intrauterino o de otras hormonas anticonceptivas. La decisión del Tribunal Constitucional, al restringir la píldora del día después y no los otros métodos, es al menos incoherente. Frente a una falta de consenso en la interpretación de la evidencia científica disponible, sólo cabe la toma de decisión informada por parte de los ciudadanos y no es aceptable una imposición normativa como la propuesta.
Consecuencias para la población de la restricción del uso de anticoncepción:
La Salud Pública no puede callar frente a las proyecciones catastróficas de una futura restricción de los derechos sexuales y reproductivos.
Con la evidencia disponible es posible prever un aumento de la morbilidad y mortalidad maternas en la población más desfavorecida, un deterioro en la calidad de vida de la familia y del hijo no deseado y un impacto en la demanda de servicios sanitarios, que pondría en serias dificultades al sistema público de atención de salud.
En defensa de la vida, suscriben :
Agar Corbinos, Lorenzo
Arteaga Herrera, Oscar
Alonso Traviesa, Faustino
Alvarado Aguilar, Nelly
Alvarado Bretón, María Elena
Alvarado Muñoz, Rubén
Alvarado Orellana, Sergio
Aranda Chacón, Waldo
Burgos de La Vega , Soledad
Cáceres Lillo, Dante
Carrasco Dajer, Claudia
Corvalán Aguilar, Camila
Cumsille Garib, Miguel Angel
De la Fuente Hidalgo , María
Eguiguren Bravo, Pamela
Farah Meza, Claudio
Frenz, Patricia
Garmendia Miguel, María Luisa
González Martinic, Julia
Hernández Araya, Enrique
Herrera Moreno, Verónica Ma Elisa
Hevia Rivas, Patricio
Iglesias Alamos, Verónica
Kottow Lang, Miguel
Lenz Alcayaga, Rony
Marchetti Pareto, Nella
Marincovich Lizama, Beatriz
Martínez Gutiérrez, Soledad
Martorell Guerra, Bernardo
Maturana Palacios, Alberto
Oyarce Pisani, Ana María
Pereira Scalabrino, Ana
Pessoa Olejnik, Sylvia
Pino Zúñiga, Paulina
Rodríguez Tobar, Jorge
Salazar Rojas, Diego
Salinas Rios, Rodrigo
Schiattino Lemus, M. Irene
Sepúlveda Jara, Rafael
Silva Zamora, Claudio
Solimano Cantuarias, Giorgio
Sulbrandt Cabezas, José
Sunkel Weil, Osvaldo
Valdivia Matus, Leonel
Valenzuela Schmidt, María Teresa
Varas Muñoz, Hernán
Vera Calzaretta, Aldo
Vergara Iturriaga, Marcos
Santiago, 10 de abril de 2008 |
