El dictamen de la Contraloría General de la República que impide la distribución de la llamada “píldora del día después” en municipalidades, ONG's y en la red pública de salud, pone nuevamente en el tapete al menos dos temas que subyacen a toda la discusión pública en materia de salud reproductiva: la equidad y el derecho a elegir. Ello, sin entrar en el ya manido debate sobre si el levonorgestrel es o no abortivo, pues éste es un método de contracepción reconocido y recomendado por la Organización Mundial de la Salud , máximo referente internacional en la materia.
Dr. Giorgio Solimano |
La historia sanitaria de nuestro país muestra importantes avances a partir de mediados de la década de los ' 60, cuando se impulsó la Política Nacional de Regulación de la Fertilidad y posteriormente la Política de Población y Salud Pública. Estas normativas, que buscaban “garantizar el respeto a la conciencia de las personas y a su dignidad”, permitieron fortalecer los programas maternoinfantiles de la época y el uso de anticonceptivos -orales e intrauterino-, entre otras medidas.
A lo largo del tiempo, esta política logró importantes resultados, como la reducción del número de abortos, el descenso de la mortalidad materna a menos de la décima parte de lo que se observaba en 1965 y la baja ostensible en la tasa de mortalidad neonatal. La disminución del número de hijos por mujer, entre ellos los no deseados, influyó fuertemente en el mejoramiento de estos indicadores, considerando, además, que el grupo de mayor riesgo está en las mujeres de menores ingresos.
Las actuales Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad dan cuenta de estos avances históricos. Asimismo, apuntan hacia dos conceptos clave: la paternidad y maternidad responsables -que hombres y mujeres compartan el control y ejercicio de la salud sexual y reproductiva, decidiendo como pareja cuántos hijos desean tener y en qué momento- y el respeto al derecho de los ciudadanos a elegir, en plena conciencia, la opción que más concuerde con sus valores y convicciones. Es en ese contexto que el Estado, a través de la red pública de salud y en el marco de la legalidad vigente, tiene el deber de poner a disposición de las personas todas las alternativas disponibles para la regulación de la natalidad y para que, además, la sexualidad pueda ser ejercida sin riesgos para la salud.
En cuanto a la población adolescente, le cabe al Estado la obligación ética y sanitaria de prevenir los embarazos precoces, que constituyen un problema de salud pública de importancia. Sin restar valor al rol orientador de la familia frente a la sexualidad de los adolescentes, corresponde a las autoridades poner al alcance de éstos los métodos de anticoncepción existentes. Así, se enfrenta a la vez la dolorosa brecha de inequidad que Chile aún tiene en materia de salud reproductiva, y que puede graficarse con algunas cifras: de los menores de 15 años que ya iniciaron su vida sexual, el 18% pertenece al nivel socioeconómico bajo, mientras que sólo un 5% corresponde al estrato alto; el 74% de las madres adolescentes se encuentra en los dos quintiles de menores ingresos; del total de nacidos vivos, los de madres adolescentes representan el 21, 6% en la comuna más pobre de Santiago y el 1,2 en la más rica. Además, es sabido que el hijo de una madre sin instrucción tiene seis veces más riesgo de morir durante el primer año de vida que uno cuya madre ha llegado a la educación superior.
Las mujeres de los quintiles de menores ingresos son las principales usuarias de los métodos de regulación de la fertilidad provistos por el Estado, y son ellas quienes ven hoy vulneradas sus posibilidades de acceso a los anticonceptivos y su derecho a decidir sobre su propia vida sexual. Y esta libertad de elección debe ir más allá de discusiones ideológicas, creencias religiosas e intereses electorales; ha de ser parte de un cambio que ya está ocurriendo en la sociedad chilena y que se refleja en debates como el del aborto terapéutico, la tuición de los hijos y otros temas que inciden directamente no sólo en la salud, sino en la calidad de vida global de los chilenos y chilenas.
Frente a este potencial retroceso en los indicadores de salud, en la lucha contra la inequidad y en la promoción de los derechos ciudadanos, es urgente que el Estado de Chile agote todas las instancias formales con que cuenta para zanjar un asunto como éste, que nadie cuestiona que es de alto interés nacional.
Dr. Giorgio Solimano
Director
Escuela de Salud Pública
Facultad de Medicina, Universidad de Chile |
